
La Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei contra la ley que declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.
Para rechazar el veto, la oposición al Gobierno alcanzó 172 votos a favor, mientras que 73 votaron en contra y 2 diputados se abstuvieron.
Para revertir finalmente el veto presidencial, el Congreso ahora necesita reunir 2 tercios en el Senado. El Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.
La ley apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos. Fue aprobada por el Senado el 10 junio último. El 4 de agosto, el Presidente vetó en su totalidad la ley, según se publicó en el Boletín Oficial.
¿Qué establece la Ley de Emergencia en discapacidad?
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Diputados no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento jubilatorio
Por otro lado, la Cámara de Diputados no alcanzó este miércoles los dos tercios para rechazar el veto del presidente Javier Milei al aumento jubilatorio, por lo que la decisión del Poder Ejecutivo quedará firme.
La votación finalizó con 160 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 83 votos de la oposición y 6 abstenciones. Solo faltaron dos voluntades para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución Nacional para insistir con una ley aprobada por el Congreso. Con esta derrota, el oficialismo neutralizó también a la oposición en el Senado, que ya quedó fuera de juego.

Veto: qué decía la ley Jubibatoria
La ley establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra iba a elevarse a 0,78 punto del PBI.
Además, la ley preveía un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, lo que iba a redundar en un costo de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI según la OPC.
El oficialismo se impuso en la votación gracias al cambio de actitud de algunos legisladores de la oposición respecto de la media sanción aprobada en junio pasado. La presión de la Casa Rosada fue incesante. En aquella primera oportunidad el bloque libertario había obtenido 67 votos; esta noche sumó 16 voluntades más para sostener el veto.
Entre quienes cambiaron de postura figuran cinco diputados de Pro que en junio pasado se habían abstenido: Martín Ardohain, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y María Sotolano. José Núñez, quien había estado ausente, esta vez apoyó al Gobierno.
Los únicos diputados de Pro que se desmarcaron de sus pares y mantuvieron su voto a favor de la ley fueron Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero y Álvaro González. María Eugenia Vidal mantuvo su abstención mientras que Silvia Lospennato se ausentó.
El oficialismo también sumó a varios legisladores que responden a los gobernadores que pactaron alianzas con los libertarios en sus distritos. Entre ellos a Marcela Antola (Democracia para Siempre), quien responde al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. También a Pamela Verasay, Lisandro Nieri y a Soledad Carrizo, que tienen como referente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
