Alquileres
Este es uno de los puntos más polémicos del DNU, dado que rige sobre la posibilidad de acceso a la vivienda de unas 9 millones de personas. Entre los aspectos clave, modifica el timepo de los plazos de alquiler, ya que el mismo será el que las partes establezcan de “común acuerdo”, es decir que no existen plazos mínimos. Además, los contratos podrán realizarse en cualquier moneda y, en caso que el contrato sea en dólares, y si el locador así lo quisiera, deberá ser pagadero en dólares billete, no pudiendo cancelarse en pesos al tipo de cambio del momento.
En su análisis, el CEPA destaca que con estas reformas, «se habilita a exigir el pago por adelantado de meses de alquiler. Eso significa, por ejemplo, que se podrían hacer contratos de alquiler por 6 meses o 1 año y exigir la totalidad del pago del contrato por adelantado».
«Los montos de los depósitos exigibles no están regulados y no guardan relación con el monto del alquiler. Por ejemplo, el propietario puede pedir el equivalente a 4 meses de alquiler y devolverlo sin ajustar al finalizar el contrato», añadieron.
Salud
En materia de salud, los cambios son muchos y serios ya que, en principio, tienden a desregular los precios de la medicina prepaga en detrimento de los usuarios, pero también afectando a los prestadores que ya no tendrán un arancel mínimo garantizado.
«Apelando a la ‘libre competencia’ entre las prepagas, se ha demostrado en la práctica que la estructura oligopólica de este sector de actividad termina perjudicando a los usuarios. Por caso, sin estar vigente aún el DNU, la mayoría de las empresas les anunciaron a sus afiliados el aumento a partir de enero: casualmente todas informaron un mismo porcentaje (40%)», evaluaron los especialistas. En ese plano, señalaron que, lógicamente, este encarecimiento de las prepagas impactará en la mayor dificultad de las familias para poder afrontar los aumentos.
Por otro lado, desincentiva la producción pública de medicamentos, perjudicando tanto a los usuarios como al Estado y a las obras sociales que deberán pagar más caros esos medicamentos allí producidos. «Los laboratorios públicos son esenciales para garantizar el acceso a medicamentos de los más de 8.000 centros del primer nivel de atención a través del programa REMEDIAR», señalaron.
«Como positivo se puede destacar la prohibición de incluir marcas en las recetas y la digitalización total de recetas. Sin embargo, se establece un plazo muy corto (1/7/24) que beneficiará a quienes tengan la capacidad de invertir rápidamente en los sistemas correspondientes, relegando a los pequeños actores del sistema de salud», marcaron.
Del mismo modo, se subrayó que el DNU «desregula profundamente la actividad farmacéutica, habilitando la posibilidad de que se constituyan sociedades anónimas que están prohibidas en algunos distritos (ejemplo más claro Farmacity), en detrimento de las farmacias; reduce el control que debe ejercer el farmacéutico sobre la entrega de medicamentos (en detrimento de la calidad del servicio prestado que debe incluir asesoramiento y orientación de acuerdo a los estándares internacionales), hasta el punto de permitir que se comercialicen medicamentos ‘de venta libre’ en lugares que no sean farmacias y vendidos por cualquier persona».
«Este era un pedido muy reiterado de la CAPEMVeL (Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre) que nuclea a laboratorios como Bagó y Bayer. Habilita también que haya consultorios en las farmacias, lo cual podría propiciar una excesiva recomendación de medicamentos. En conjunto, beneficia a las grandes cadenas y a las droguerías, que podrán también vender directamente al público, pudiendo controlar toda la cadena en el caso de aquellas que tienen a su vez laboratorio», añadieron.
Turismo
Al desregular la actividad turística a partir de la derogación de tres leyes, desde el CEPA evaluaron que generará un vacío legal en el sector, lo que implica que no existirán parámetros mínimos para los establecimientos turísticos, lo que redundará en una caída en los estándares de calidad hotelera, ya que ingresarán establecimientos al sistema turístico, que no tenían las condiciones mínimas para hacerlo.
«La derogación del Registro Hotelero Nacional generará mayor opacidad del sector, y seguramente incrementará los fraudes, dejando desprotegidos a los usuarios y turistas, que no contarán con herramientas para prevenirlo», subrayaron. Asimismo, la derogación del Registro de Agentes de Turismo, «generará un vacío legal en el que no se establecen requisitos de solvencia y antecedentes judiciales y bancarios para operar como agente de viajes», lo que «habilita la posibilidad de un sinnúmero de estafas y fraudes».
El 80% de las agencias de turismo son PyMES que «serán perjudicadas ya que se elimina todo tipo de requisito mínimo para establecerse».
Reformas laborales
El análisis del CEPA postularon que el mega DNU impactará en materia de la «eliminación de multas por incumplimientos, avance de la precarización, empleo eventual y monotributo, expansión de la tercerización laboral, cambios regresivos en la ley de teletrabajo, extensión del período de prueba, eliminación de horas extras (banco de horas), fondo de cese laboral, criminalización de la protesta (injuria por bloqueo), vulneración del derecho a huelga con ampliación de actividades esenciales y trascendentales, ataque a la ultraactividad».
Uno de los puntos clave es que el tiempo de periodo de prueba no será de 3 meses, sino de 8 meses, lo que afectaría la estabilidad y no habrá indemnización en caso de despido.
Otra clave tiene que ver con una mayor precarización a los monotributistas, dado que el empleador tiene mayor margen para ocultar la relación laboral bajo este formato de “contratación”. «Se incorpora la figura ‘trabajador independiente’, con hasta 5 trabajadores para un emprendimiento productivo, sin contratación, como autónomos», marcaron.
Créditos: Infocielo
