El capítulo energético de la Ley Bases contiene renuncias a la defensa del interés público que superan los alcances de las privatizaciones del menemismo

Por Raúl Dellatorre

La aprobación el proyecto de Ley Bases en todo su contenido podría significar un cambio fundamental en el funcionamiento del sector energético. Por encima del enorme impacto que tuvo la privatización global del sistema en 1992, lo que se propone en el nuevo esquema propuesto por el gobierno de Javier Milei es avanzar en el retiro del Estado en su rol de regulador y facilitar el acceso de las corporaciones empresarias, locales y extranjeras, al control y explotación de recursos naturales fuertemente apetecidos por las potencias, justamente en medio de un proceso de reordenamiento global económico y energético. 

«Lo que está haciendo Milei con esta Ley Bases es muy dañino para la soberanía nacional, porque plantea un retiro del Estado para que ingresen las grandes corporaciones en la explotación de recursos en los que, como Vaca Muerta, los vientos y el sol para la generación de energía verde, son muy abundantes en el país y son muy demandados y codiciados por quienes buscan controlar el reordeamiento global bajo el eje de la transición energética». Es la primera reflexión que destaca Nicolás Malinovsky, experto en en energía nuclear y Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, OECYT, al ser consultado sobre el tema.

Uno de los aspectos en el que Malinovsky reclamó atención es el del capítulo de privatizaciones, que incluye a Enarsa (privatización total) y Nucleoeléctrica (parcial). «Energía Argentina SA fue creada en 2004 por Néstor Kirchner a raíz de que, producto de la política neoliberal de los 90, en la etapa menemista, no le habían quedado al Estado instrumentos jurídicos para direccionar una política energética. Con la desregulación del año 1992, se pasa de un modelo de gestión del Estado a un modelo de segmentación de negocios, copiando el modelo inglés», recuerda.

¿Qué significa la pérdida de Enarsa? «Es una empresa estatal con participación en la generación eléctrica, tiene la concesión del Gasoducto Néstor Kirchner, estaba a cargo además de la construcción de las centrales hidroeléctricas en el Río Santa Cruz, a través de Nucleoeléctrica además no sólo opera las centrales nucleares sino que tenía a cargo la construcción. Si todo estos activos pasan a manos del sector privado, va a significar más concentración en el sector energético, un área donde ya predomina la generación eléctrica en pocas manos».

Señala, además, que «la generación eléctrica no es un sector competitivo, está muy concentrado: Pampa Energía, de Marcelo Mindlin; el grupo Eurnekian, está el grupo Techint y también hay intereses de los Caputo. Viendo cuáles son los grupos dominantes, es de imaginar que vamos camino a quedar cautivos de las tarifas que nos quieran fijar justamente esos grupos». 

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPyPP, que lidera Claudio Lozano, en un trabajo en el que repasa los aspectos centrales del proyecto en su capítulo energético, destaca:

1. El nuevo proyecto de ley reemplaza el enfoque de abastecimiento interno por la «seguridad del suministro», un concepto que permite eludir la prioridad de la demanda interna y potencialmente suplir con importaciones el consumo interno.

2. El proyecto mantiene un fuerte sesgo exportador, permitiendo la exportación de hidrocarburos con pocas restricciones, y sólo sujetas a objeción de la Secretaría de Energía por motivos técnicos o económicos y por plazos determinados, lo que podría comprometer la disponibilidad interna. 

3. Se permite la libre fijación de precios por parte de los actores económicos sin intervención del Estado. La única finalidad de esta disposición es engrosar la rentabilidad empresarial y exponer a los usuarios a las volatilidades de precios internacionales.

4. La derogación de artículos que establecían ciertas restricciones a la participación extranjera y los requisitos de inversión comprometida, conservación de reserva, entre otros por parte de los concesionarios debilita el control estatal. 

5. La legislación propuesta fomenta una maximización ultraproductivista de los recursos, con pocas salvaguardas para la conservación adecuada de los yacimientos. 

6. El proyecto reduce significativamente la capacidad del Estado y de entidades públicas de influir o controlar actividades críticas en el sector energético, favoreciendo el libre accionar de las corporaciones petroleras. 

Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú, desde una mirada más favorable a promover la inversión extranjera, también advierte con sentido crítico sobre la eliminación de subsidios, que podrían afectar a «zonas frías en regiones templadas» (por ejemplo, en la Puna jujeña). 

«El artículo 5to. autoriza al PEN a disolver los fondos fiduciarios, pero aclara: queda excluido el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, creado por Ley 25.565. Nada se dice de la ley 27.637, que modifica el art. 75 y extiende el beneficio a otras zonas bio-ambientales templadas, en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y toda la franja cordillerana hasta Jujuy», explica Carbajales en la red social X.

Y luego agrega: «¿No es necesaria la aclaración a la norma modificatoria de 2021? ¿O bien… se les escapó la tortuga a los/as legisladores de la zona centro del país?»

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