La nueva ley para el personal del BAPRO reduce la edad jubilatoria a los 60 años, ajusta el cálculo de haberes y aumenta los aportes para afrontar el déficit.
Este viernes, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó el nuevo régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), derogando la Ley Nº 15.008 sancionada en 2017 durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
La medida fue oficializada a través del decreto Nº 3683/2024, publicado en el Boletín Oficial, convalidando las sanciones aprobadas por ambas cámaras de la Legislatura provincial.
¿Qué implica el nuevo régimen?
El nuevo régimen establece modificaciones significativas en aspectos clave, como la edad jubilatoria y el cálculo de los haberes previsionales.
- En cuanto a la edad mínima para las empleadas del BAPRO, la ley de Vidal había fijado el límite en 65 años, mientras que la nueva normativa reduce ese requisito a 60 años, con una implementación gradual de los cambios. Esto representa un alivio para las trabajadoras del banco, al ajustarse más a las condiciones previas.
- Otro de los puntos destacados de la reforma es el reajuste en el cálculo de las jubilaciones. Con la nueva ley, los haberes de todos los trabajadores se calcularán sobre el 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses previos al cese, lo que contrasta con el 70% que establecía la normativa anterior.
- Además, la ley prevé un incremento en los aportes de los activos, que pasarán del 14% al 16%. Los nuevos ingresantes deberán abonar un 19%, mientras que las contribuciones obligatorias del propio banco aumentarán al 21%. Estos ajustes son necesarios para enfrentar el déficit actual de la caja previsional, que supera los $100 mil millones.
La promulgación de esta reforma responde a un reclamo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En marzo de 2023, el máximo tribunal suspendió la ley de Vidal debido a los perjuicios que podría generar, calificando los efectos como «de difícil reparación ulterior». Asimismo, la Corte instó a la creación de un nuevo régimen. La ley de 2017 ya había sido objeto de diversas presentaciones judiciales que pedían su inconstitucionalidad, con varios fallos favorables que cuestionaban su validez.
