En un contundente comunicado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno procederá a inhabilitar 60.000 pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debido a serias irregularidades detectadas en su otorgamiento. Esta decisión surge como resultado de una exhaustiva auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que destapó una «actividad fraudulenta a gran escala», implicando un desvío de fondos que asciende a 3.400 millones de dólares en el último año.
La auditoría, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de ANDIS, y Mario Russo, Ministro de Salud, reveló un alarmante incremento en el número de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que pasó de 79.000 en 2003 a un asombroso total de 1.222.000 a diciembre de 2023. Este aumento, calificado como «estratosférico», es comparable a las cifras registradas en países enfrentando crisis severas.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la auditoría fue que 683 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires estaban recibiendo pensiones por invalidez. De estas, el 65% fueron otorgadas en un lapso de menos de 30 días, evidenciando un manejo deficiente y posiblemente corrupto en la concesión de estas pensiones.
Adicionalmente, el organismo previsional ha confirmado que ciertos beneficiarios no recibirán los $81.000 adicionales previstos para julio, afectando a un sector específico de pensionados.
Las pensiones que serán dadas de baja están destinadas a personas con discapacidad y se han encontrado en violación de los requisitos establecidos. Entre las irregularidades detectadas se incluyen la posesión de múltiples vehículos, propiedades, bienes en el extranjero, embarcaciones y aviones privados por parte de los beneficiarios. Esta revelación no solo indica un fraude sistemático, sino también un abuso significativo de los recursos públicos.
El vocero Adorni enfatizó que las pensiones por discapacidad deben ser reservadas exclusivamente para aquellos que realmente necesitan esta asistencia debido a una discapacidad que les impide trabajar. Asimismo, se descubrió que muchos de estos beneficiarios fraudulentos también estaban inscritos en el servicio de obra social Incluir Salud, generando un gasto promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado desde el gobierno nacional.
Fuente: A24
