La administración de Javier Milei ya dio de baja más de 110.000 prestaciones y prepara nuevas notificaciones en el marco de su plan de revisión de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral.
Según la hipótesis oficial, una parte importante de estas prestaciones se otorgó de manera irregular durante gestiones anteriores.
Licitación para 720.000 envíos postales
La Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS) publicó en Compr.Ar, el 30 de julio, una licitación para contratar hasta 720.000 servicios postales, principalmente cartas documento, que se usarán para notificar suspensiones en todo el país. Si bien la cifra no implica igual cantidad de bajas, es un indicador del alcance que podría tener el operativo.
Las cartas deberán ser entregadas en 48 horas hábiles y, si el primer intento falla, habrá un segundo al día siguiente. De persistir la imposibilidad, la pieza se devolverá al remitente en un plazo de cinco días hábiles.
Más de 110.000 bajas ya ejecutadas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la semana pasada que ya se dieron de baja 110.522 pensiones, más otras 8.107 correspondientes a beneficiarios fallecidos y 10.038 renuncias voluntarias. Según ANDIS, el proceso seguirá adelante.
El Gobierno estima que el desvío de fondos por pensiones irregulares ronda los 1.000 millones de dólares anuales. Con las bajas recientes, calcula un ahorro de 35.000 millones de pesos por mes. Actualmente, cada pensión equivale al 70% de una jubilación mínima.
Irregularidades y falta de documentación
En febrero, el Gobierno anunció que se notificaría a los beneficiarios para que presenten la documentación que justifica el cobro de la pensión. Según Adorni, el 60% no presentó los papeles exigidos.
El Ejecutivo remarca que el crecimiento del número de pensiones fue exponencial: de 80.000 entre 1999 y 2003, a 1.060.000 en 2015, con un incremento del 1225%. En su comparación internacional, Adorni señaló que Argentina supera a Israel en proporción de beneficiarios, pese a que ese país ha atravesado conflictos bélicos y atentados terroristas.
Un debate que sigue abierto
En paralelo, sigue en discusión la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca regularizar pagos y actualizar aranceles para prestadores del sector. La norma, que tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, también plantea cambios en el sistema de pensiones no contributivas y en el funcionamiento de la ANDIS.
Desde noviembre de 2024 no hay actualización en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que mantiene la tensión entre prestadores y el Ejecutivo.
BAE Negocios
