El senador del PRO, Pablo Petrecca, busca fortalecer la atención de la salud mental en la Policía bonaerense y prevenir situaciones de riesgo.
El senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, presentó en las últimas horas un proyecto para crear un Régimen Provincial de Prevención, Atención y Seguimiento de la Salud Mental del Personal Policial, con el objetivo de garantizar asistencia psicológica, prevenir situaciones de riesgo y acompañar los procesos de recuperación de los efectivos, en medio del crecimiento de casos derivados de problemáticas en el sector que copó la agenda legislativa en los últimos meses.
“La exposición habitual a situaciones de violencia, riesgo, amenaza, conflicto, accidentes, fallecimientos, lesiones graves y acontecimientos de elevada intensidad emocional forma parte de las exigencias propias de la función y puede generar, en determinadas circunstancias, consecuencias sobre el bienestar psíquico y emocional del personal”, sostuvo el dirigente amarillo, a través de los fundamentos de su iniciativa.
En rigor, la iniciativa del dirigente juninense contempla mecanismos de intervención temprana, protocolos de actuación ante situaciones críticas y garantías para evitar que la búsqueda de asistencia profesional perjudique la carrera de los efectivos de la Policía bonaerense.
El jefe de la bancada opositora reconoció que la provincia de Buenos Aires ya cuenta con un marco normativo que garantiza derechos vinculados con la salud del personal policial. En particular, Petrecca destacó que la Ley N°13.982 contempla el acceso a asistencia médica integral, además de atención psicológica permanente y gratuita para los agentes y sus familias ante afecciones derivadas del ejercicio de sus funciones, aunque el acceso efectivo a estas prestaciones todavía puede encontrar barreras dentro de la institución.
“En ámbitos en los que existe una fuerte identificación entre la capacidad individual, el cumplimiento de la función y las exigencias operativas del servicio, la percepción de que pedir ayuda puede tener consecuencias sobre la carrera profesional puede convertirse en un obstáculo para la consulta temprana”, explicó el referente parlamentario.

Uno de los principales puntos del articulado establece que los efectivos policiales podrán solicitar asistencia psicológica sin autorización previa de sus superiores jerárquicos, a través de los mecanismos que disponga el Ministerio de Seguridad bonaerense, que lidera Javier Alonso. Además, la propuesta de Petrecca determina que la realización de tratamientos de salud mental no podrá constituir, por sí misma, un antecedente desfavorable para la carrera del uniformado ni justificar la aplicación de sanciones disciplinarias.
En materia de prevención, el texto contempla la implementación de protocolos específicos para asistir a policías que atraviesen acontecimientos críticos durante el servicio, como intervenciones con víctimas fatales, incidentes con armas de fuego, situaciones de violencia extrema o procedimientos con múltiples víctimas. El régimen también incorpora estrategias permanentes de prevención del suicidio, detección de consumos problemáticos y atención de crisis, con mecanismos de seguimiento que permitan sostener la asistencia más allá de la intervención inicial.
Por otra parte, la iniciativa también establece que los diagnósticos de salud mental o antecedentes de tratamiento psicológico no podrán determinar automáticamente la pérdida de aptitud para el servicio, una evaluación que continuará bajo la responsabilidad de las Juntas Médicas correspondientes. De hecho, los integrantes de la fuerza que atraviesen procesos de recuperación podrán acceder a mecanismos de reincorporación progresiva, mediante adecuaciones temporales de tareas cuando exista una recomendación profesional compatible con las necesidades operativas.
Otro de los aspectos centrales del proyecto apunta a garantizar la confidencialidad de la información sanitaria del personal policial, con restricciones para su comunicación a mandos superiores de la institución y organismos administrativos. El articulado promueve, además, la incorporación de contenidos vinculados con primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio, identificación de señales de alarma y abordaje de situaciones de crisis en instancias de formación y capacitación de los efectivos.

En cuanto a su implementación, el planteo opositor establece que la cartera de Seguridad deberá articular las acciones con el Ministerio de Salud bonaerense, hospitales públicos, universidades y otros organismos especializados. La iniciativa, en tanto, no contempla la creación de nuevas estructuras administrativas, sino la integración de los dispositivos existentes, con financiamiento a través de las partidas que el Presupuesto provincial asigne anualmente al área que comanda Alonso.
Por último, la propuesta dispone que la cartera de Seguridad bonaerense, en su carácter de autoridad de aplicación, deberá presentar un informe anual ante las comisiones competentes de ambas cámaras de la Legislatura provincial, con detalles sobre las acciones preventivas, las intervenciones realizadas y los resultados de las políticas implementadas.
“El objetivo es que la búsqueda de asistencia no sea percibida como una debilidad, que la intervención pueda producirse tempranamente, que las situaciones críticas reciban una respuesta adecuada y que los procesos de recuperación cuenten con acompañamiento institucional”, concluyó el representante del PRO.
Los antecedentes legislativos sobre la salud mental de la Policía bonaerense
La discusión sobre la salud mental dentro de la Policía bonaerense no es nueva en el Legislativo provincial, donde legisladores de distintos espacios presentaron iniciativas a lo largo del 2026 para abordar la problemática. En enero de este año, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Maximiliano Bondarenko, tomó la posta con un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof brinde estadísticas oficiales sobre la escalada de suicidios dentro de la institución, además de precisar las políticas de prevención y acompañamiento destinadas a los uniformados.

En concreto, el legislador libertario, que supo integrar las filas de la fuerza provincial hasta su desembarco en la política, reclamó conocer la cantidad de casos registrados desde 2019, los mecanismos de detección temprana disponibles y las herramientas de asistencia destinadas a los efectivos que atraviesan situaciones críticas. “Sin estadísticas oficiales, sin transparencia y sin decisiones firmes, no hay prevención posible”, sostuvo Bondarenko.
Meses después, el propio Petrecca ya había llevado la problemática al plano legislativo mediante un pedido de informes centrado en las condiciones de atención y acompañamiento de los agentes. La iniciativa del dirigente amarillo buscó obtener precisiones sobre licencias psiquiátricas, acceso a tratamientos, cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y funcionamiento de los dispositivos provinciales de prevención, ante la preocupación por el incremento de muertes por suicidio en el sector.
El planteo del exintendente de Junín surgió en un contexto en el que, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad bonaerense, durante el 2024 se registraron 37 suicidios de efectivos policiales, frente a apenas ocho fallecimientos en acto de servicio. Ante este escenario, el senador de la oposición también reclamó información sobre los protocolos de asistencia posteriores a episodios traumáticos y la capacidad de respuesta del sistema provincial ante las necesidades del personal.
“Detrás de esos números hay familias destruidas, compañeros que conviven con situaciones traumáticas y trabajadores del Estado que muchas veces enfrentan en soledad altos niveles de presión, estrés, violencia y desgaste emocional”, expresó Petrecca.
En paralelo, el senador bonaerense de Unión y Libertad, Sergio Vargas, impulsó un proyecto de ley para crear un Programa Integral de Salud Mental destinado al personal policial y penitenciario de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los pedidos de informes, la propuesta del parlamentario buscó establecer un dispositivo permanente de asistencia, con especial atención a las condiciones laborales de los agentes durante los tratamientos y a las posibilidades de reincorporación a sus funciones habituales.
Uno de los aspectos centrales del expediente apuntó a evitar que los efectivos sufran reducciones en sus ingresos al solicitar asistencia profesional, especialmente cuando el retiro preventivo del arma reglamentaria les impide acceder a adicionales salariales por servicios extraordinarios. “El uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde”, advirtió el legislador dialoguista en los fundamentos de su planteo.
El proyecto de Petrecca para reforzar la atención de Salud Mental en la Policía Bonaerense




















