Más derechos para personas con discapacidad

En la mañana de ayer se realizó en Casa de Gobierno, una reunión de trabajo, de la que participaron Julián Massolo, Subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Carmela Moreau, asesora de la Jefatura de Gabinete y Claudio Morgado, a cargo del área de discapacidad del Centro de Estudios de Igualar.

Durante el encuentro, se acordó articular acciones y propuestas que tenga como fin la consolidación de derechos de personas con discapacidad. También, fue abordada la labor que desarrolló durante el 2020 la Agencia Nacional de Discapacidad (ANADIS), que mejoró el acceso a trámites y servicios y generó nuevas políticas inclusivas, con un marcado acento en la protección de mujeres.

Además, se analizó la legislación vigente en Argentina sobre la temática. En ese sentido, Moreau remarcó la necesidad de asegurar la efectiva aplicación de lo dispuesto en la Ley 25.689 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), que determina que el Estado Nacional, en sus tres poderes, debe ocupar personas con discapacidad, con las condiciones de idoneidad necesarias, en un porcentaje no inferior al 4% del total de empleados públicos.

Por su parte, Morgado detalló que otra de las propuestas será impulsar la modificación de la Ley 26.130 (Régimen Para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica) que en su redacción actual habilita la ligadura de trompas o vasectomías en personas con discapacidad (con declaración judicial de incapacidad) sin su consentimiento. Esta reforma fue también solicitada por el Comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un reclamo de ONGs que se ocupan de la problemática.  La norma vigente permite que existan en Argentina, prácticas de esterilización sin su consentimiento libre e informado. La propuesta implica dejar atrás el criterio médico para incorporar una mirada que respete derechos consagrados constitucionalmente.

El Subsecretario Massolo mostró su interés de elaborar una agenda de trabajo, que contemple demandas históricamente postergadas y la necesidad de concretar una red interinstitucional para la puesta en práctica de políticas públicas integradoras.

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