Pese al congelamiento de tarifas, las facturas de Cablevisión llegaron con un 13% de aumento

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado el pasado 21 de agosto, el Presidente de la Nación Alberto Fernández, declaró «a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial», categoría que tienen otros servicios como el suministro eléctrico y el gas. Así mismo, se dispuso el congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre.

Pese a ello, en el día de hoy muchos hogares de nuestra ciudad recibieron la factura de Cablevisión con el aumento anunciado el pasado mes, donde se aplicaría un 13% de aumento en “servicio de TV, abonos, packs y servicios de valor agregado”, tal la descripción impresa en el sector de “información al cliente”.

Este aumento, comenzaría a regir a partir del 1 de septiembre, pasando de $ 763,00 en el básico, a $ 863,00.

Desde la empresa no se ha emitido ningún comunicado informando el porqué de esta situación, ni justificando la emisión de las facturas antes del DNU. Incluso, es imposible contactarse a través del 0810 de atención al cliente.

Se aguarda que en las próximas horas, los entes reguladores actúen en consecuencia, y este “error” sea corregido.

Qué dice el decreto sobre celulares, TV e internet

  • Se congela hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
  • No habrá aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado
  • El Estado recupera las herramientas regulatorias.
  • Considera que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos.
  • Habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen

Qué significa la declaración de servicio público

La declaración de servicio público y esencial implica un cambio de categoría en la prestación y en la relación del Estado con las empresas, entre ellas Telecom, Telefónica, Claro, Cablevisión, Fibertel, Telecentro, entre las más importantes.

A partir de este decreto, las empresas no tendrán precios sino tarifas, que deberán acordar con el Estado y no podrán aplicar aumentos en forma unilateral.

Además, el Estado se involucrará en la política de inversiones y podrá observar dónde se están volcando los recursos a diferencia de la política que llevaban  hasta ahora en la que cada empresa definía dónde invertir de acuerdo a su rentabilidad.

 

 

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